El concepto de derecho público surge con la aplicación de un amplio marco de conocimientos teóricos y leyes a la vida de los ciudadanos y particulares de una sociedad beneficiada por el estado de derecho resultante; aquí sintetizamos la información más relevante en relación a su comprensión, ámbito y estudio.

Concepto de derecho público

Se trata de la división o rama del derecho que gobierna las relaciones entre el Estado y los individuos, así como las relaciones entre iguales que resultan ser del interés de un pueblo o sociedad.

Convencionalmente es establecido bajo el imperio de la ley y se ramifica hacia el derecho penal, administrativo, tributario y constitucional y se opone a lo designado como derecho privado a donde conciernen las leyes de relación entre individuos y que deriva en el ámbito civil.

En la actualidad, la división del derecho público y el privado como la concibió Ulpiano, ha sido debatida y cuestionada por diversos filósofos y pensadores cuyas posturas pueden organizarse en las que aceptan dicha división (Savigny, Korkounow, García Maynez), las que añaden una tercera rama de derecho mixto (Roubier) y aquellas que la consideran relativa u operativamente inexistente (Kelsen, Duguit y las escuelas alemana e inglesa).

La línea entre el derecho público y el privado

La mencionada oposición de posturas respecto a si la división del derecho en público o privado es operativa o teórica y la discusión o síntesis de la argumentación alrededor han vuelto necesarias enmiendas y adaptaciones en tanto el concepto de “interés público” ha venido difuminándose en la aplicación de la ley de las más variadas formas.

Estos cuestionamientos se vuelven mucho más patentes delante de derechos subjetivos (aplicables a la permisión o derechos del remitente o sujeto de la ley) cuyas consecuencias entran en el ámbito de lo publico y viceversa: cuando una ley objetiva, tiene por efecto una consecuencia en lo particular.

El debate queda lejos del ámbito de su terminología y R. Velasco, por ejemplo, añade que existen derechos subjetivos que no dan por resultando el funcionamiento o entrega de la sanción para beneficio de individuos determinados y que existen casos en que no media un derecho subjetivo.

Esta discusión entre lo público y lo privado ha atravesado de forma horizontal la historia de la filosofía del derecho y ha sido materia tanto de pensadores, como de colegiados y legisladores de la mayor parte de las naciones y ha venido a recrudecer tras los fenómenos de globalización y relaciones internacionales que rigen el escenario contemporáneo.

Al sintetizarla, la mayoría de las fuentes coinciden en que la separación entre lo público y lo privado sigue respondiendo a una necesidad didáctica de la teoría del derecho, pero que tal como Kelsen lo estipulara, más que una frontera, se trata de una separación relativa.

Como surge el derecho público

Diez siglos más tarde de las XII Tablas que regirían la vida del pueblo romano y llegada la muerte de Alejandro Severo hacia el 235 d. C., inicia la época conocida como el Bajo Imperio.

En dicho periodo, documentos como el Edicto de Salvio Juliano (una compilación de edictos de pretores urbanos, también denominada el edicto perpetuo) y Las Instituciones de Gayo (elemental tratado que divide la materia del Ius Civile en tres partes: personas, cosas y acciones) quedan agotadas como fuentes y no hay más leyes, plebiscitos o senadoconsultos; quedan la costumbre y las Constituciones imperiales.

Inicia así un proceso de clasificación de tales Constituciones con el fin de hacerlas de conocimiento público y se confronta un evidente desorden de criterios y reglas de organización; es por ello que con la llegada de Justiniano al trono en el 527 d.C., una reforma era prioritaria.

Es así como se da comienzo al Corpus Iuris Civilis, compuesta por cuatro colecciones: el Código, el Digesto, las Instituciones y las Novelas:

• El Código reúne en una sola obra los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano; agrega las constituciones posteriores y procesa las incongruencias, tachando las repeticiones, contradicciones y reglas en desuso.

• El Digesto o Pandectas que compila la obra de 39 jurisconsultos.

• Las Instituciones que se encuentran enfocadas a la enseñanza del Derecho; y toman como referencia a Gayo y otras obras.

• Las Novelas que están pensadas para no editar nuevamente el Código y Justiniano las designa para que ahí se recolecten las nuevas Constituciones.

Es en el Digesto y las Instituciones, donde Ulpiano señala que:

Dos son las posiciones que se ofrecen en el estudio del derecho: el derecho público y el privado(…) El derecho público contiene lo relativo al culto, a los sacerdotes, y a los magistrados; (…) el privado es tripartito, porque se halla integrado por preceptos del derecho natural, de gentes y civil.

Esta oposición esbozada entre el bien común y la autonomía de la voluntad de los particulares o bien individual deslinda las distinciones teóricas entre lo público y lo privado.

Dicho en otras palabras, el derecho público establece el bien del pueblo como ley suprema y supedita a los particulares, que carecen de capacidades para cambiarlo.

Principios 

Como tales, pueden entenderse a las normas que por su específica y especial naturaleza se destinan a servir como conceptos básicos de esta ramificación del derecho y que se oponen sobre los principios de autonomía de la voluntad e igualdad de las partes del derecho privado.

Entre grupos de países como los occidentales, los latinoamericanos, los europeos y asiáticos existen desde el siglo XIX iniciativas formales de universalización, mismas que pasando la segunda guerra mundial y con la conformación de las naciones unidas, dan lugar y paso al llamado derecho público internacional.

Siendo las bases sobre las que luego se generan documentos de ley positiva y códigos, los principios se manifiestan y coexisten en las constituciones de muchos países en formas diversas que a continuación sintetizamos:

Sujeción o imperio de la ley

También denominado principio de legalidad y que da paso al estado de derecho de una nación pues en ella las personas obedecen a principios y leyes antes que a funcionarios.

Toda clase de poder político puede expresarse sometido por normatividades y reglas que no dependen del propio poder: tanto gobernantes como funcionarios están supeditados a las mismas para que los mismos no supediten al pueblo.

Para Moles Caubet, le impone siempre a los órganos [de la administración pública] la obligación de actuar con arreglo a lo establecido en la ley y en las otras normas jurídicas que regulan su actividad y en lo contemporáneo se extiende por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Competencia

Se refiere a la aptitud de los órganos del Estado o las facultares, poderes y atribuciones que le son legalmente asignadas para actuar hacia otros órganos y particulares.

También llamado de limitación, Brewer-Carías señala como características que:

1. Requiere de texto expreso. No puede deducirse, extrapolarse o sobreentenderse.

2. Responde a normas de orden público. No se acordará un ejercicio de competencia en tenor al mencionado, sino que se apoya en el mismo para ejercerse.

3. Admite discrecionalidad. En tanto puede establecer una mayor o menor autonomía sobre la oportunidad de actuar.

4. No puede ser delegada. Ni a funcionarios de jerarquía inferior, ni a ciudadanos no funcionarios, bajo las excepciones de las leyes que así lo establezcan o autoricen.

Jerarquía

También denominado de división de las funciones del Estado, se basa en el concepto propio de las Constituciones y el estado de derecho para oponerse a las formas de monopolio o concentraciones de poder político absoluto.

La conformación jerárquica del Estado atribuye a la composición del mismo un ordenamiento piramidal cuya distribución de funciones equilibra sus atribuciones en tanto sus actores pueden y deben vigilar y establecer la aplicación del derecho dentro de su competencia.

Esto significa que aunque bien, la distribución convencional de una nación establece un líder, presidente o ejecutivo responsable de pautar, ordenar, vigilar y ordenar conforme a la normativa vigente hacia el resto de los órganos, los mismos tienen la obligación de imponer en base a sus funciones las atribuciones e incluso las sanciones correspondientes.

Impugnabilidad de los actos de poder

Como una manifestación concreta del imperio de la ley y el sometimiento al estado de derecho, todo acto o conducta derivada del poder político atribuido a una función o puesto público es impugnable en la vía administrativa o judicial.

Este principio cancela la posible inmunidad de los portadores de cargos públicos, desde la función ejecutiva, hasta la judicial, en tanto que las atribuciones conferidas a su papel corresponden a la función y no al individuo que la ejerce, mismo que es visto como otro particular ante la ley.

Manifestada también como la responsabilidad del Estado, establecerá las condiciones y mecanismos involucradas en hacer valer los derechos de los particulares y se extiende hacia conceptos como el de propiedad, seguridad y derechos humanos.

Características 

• Si bien el derecho público parte de la relación del Estado con el particular, en los Estados y naciones contemporáneas, se estipulan situaciones en las que el Estado actúa como un particular, sin ejercer potestades públicas.

• Es regido por el interés público y se opone al derecho privado en tanto el margen de relevancia que los conflictos o relaciones entre dos particulares de igual jerarquía pudieran sostener.

• De igual manera, su mandato no se encuentra regido por la autonomía de particulares, es irrenunciable.

• Se establece en alteridad, ya que se enfoca en la conducta exterior de los individuos y no en las motivaciones para tales actos.

• Por lo tanto, es coercitivo, y habilita en el Estado el uso de la fuerza pública para asegurar su cumplimiento de ser necesario.

• Es predominado por la heteronomía (es decir que no se dirigen a ninguna persona o individuo en particular).

• Así mismo, la ignorancia o el desacuerdo de su normatividad no justifica su incumplimiento, aunque bien existen actos corporativos o jurídicos que pueden constituirse en excepciones, al igual que algunos usos y costumbres.

• Sus normativas son redactadas y estipuladas con carácter imperativo y aplicación obligatoria.

• Parten de una relación típica marcada por una desigualdad derivada de una posición soberana que reviste a los órganos y poderes públicos y particulares.

• El establecimiento de esta relación, presupone vínculos entre una persona y un ente del estado.

• Puede e incluye la presencia de grupos específicos, como corporaciones u otras entidades cuyo comportamiento incluye tanto lo público como lo privado.

• Asume y responde a los temas que pueden afectar a una persona dentro del ámbito público en una escala general.

• Del mismo se desprenden todas las nociones de derecho político (como el de elegir representantes y funcionarios) y civil (el derecho de propiedad, creencia, ideología).

• Es bilateral, esto implica que una persona diferente a la afectada puede exigir el cumplimiento normativo.

Corporación de derecho público

Se reconoce como tal a una entidad autónoma conformada alrededor de los intereses de algunos sectores sociales ante los órganos de poder público, con atribuciones y funciones del mismo carácter.

Por un lado, su naturaleza tiene como cimiento una base privada, al constituirse con la finalidad de velar por los intereses del determinado colectivo y al mismo tiempo, su dimensión pública se determina en materia de sus funciones públicas administrativas.

Ejemplos de este tipo de entidades son las cámaras oficiales, colegios profesionales y las federaciones deportivas y deben de distinguirse del empleo al término que los Estados Unidos de Norteamérica le dan, pues, aunque sus naturalezas se aproximan, la nación identifica así a sus sociedades anónimas.

Algunos autores localizan su origen en la antigua Grecia, donde junto a la sociedad esclava, existen trabajadores libres que conforman asociaciones, surgen las thiases, grupos religiosos formados para la adoración y culto de divinidades y se conforman cofradías de oficio.

La Roma antigua ve surgir los colegios de artesanos bajo la protección de alguna divinidad y que terminan sometiéndose a una estricta reglamentación, instrumento gubernamental y sancionado por el Estado con fuerza vigente en el quehacer de estatutos corporativos garantizados por el Estado.

Durante la edad media, corporaciones agrupan y organizan comunidades reunidos alrededor de un oficio y se inicia con la fuerte actividad económica relacionada, donde se agregan grupos de mercaderes; para finalmente ser suprimidas con el ascenso del capitalismo liberal.

Para finales del siglo XIX, estas entidades regresan y su presencia converge en distintas naciones, como en España o Chile, para la persecución de fines e intereses relacionados con sus integrantes pero con una repercusión de carácter público.

En los casos mencionados y bajo la presencia de otras adecuaciones constitucionales para otras naciones, esta figura tutelar suele guardar la capacidad legítima de impugnar actos o disposiciones del Estado o Comunidades Autónomas y son regidas por un principio de incomunicabilidad patrimonial financiera (nutridas fundamentalmente de los ingresos de sus miembros, exacción obligatoria y naturaleza tributaria) y sus deudas nunca podrán afectar al Estado.

Clasificación del derecho público

Siguiendo las ramificaciones mencionadas al comienzo de este resumen, profundicemos en los documentos y áreas que el derecho público incluye:

Derecho constitucional

En las naciones o Estados contemporáneos, la también llamada Carta Magna establece los cimientos legales en tanto garantizan que su funcionamiento quede dentro de imperio de la ley.

Este documento así mismo establece la forma de gobierno, los distintos órganos que lo componen, si sus funcionarios son electos o designados y la responsabilidad, atribuciones y competencias de la división de poderes; que tradicionalmente se establecen en el ejecutivo, legislativo y judicial.

Aquí también se compilan los derechos humanos que son garantizados para todo individuo y las atribuciones políticas y civiles a donde tales derechos se extienden, lo que delimita las funciones de toda forma y jerarquía de gobierno.

En la mayoría de sus manifestaciones, tanto el documento como su interpretación, queda sujeto a las enmiendas y efectos de otras leyes constitucionales; mientras que existen naciones que no generan un documentos escrito en base a razones históricas o políticas.

Derecho administrativo

Se refiere al corpus de leyes, códigos y reglamentos que regulan el manejo y funcionamiento burocrático y delimita el poder y función de agencias y dependencias públicas.

Estas leyes son establecidas por el ejecutivo y regulan las relaciones internacionales, manufactura, contaminación y obligaciones tributarias.

En muchos casos, esta es una de las áreas que atraviesan los límites del derecho público y privado y así mismo, del concepto objetivo y subjetivo pues en algunos casos forma parte del derecho civil y en otras, del público, en tanto maneja la regulación de instituciones públicas.

Derecho penal

Establece los actos y conductas definidos como crímenes o delitos cometidos por particulares, refiriéndose tanto a individuos como a corporaciones o empresas y define las sanciones relacionadas con dichas conductas con la finalidad de asegurar la paz social.

Es así que queda en el ámbito de lo subjetivo y lo público en cuanto difiere del derecho civil, en el que las disputas entre particulares no ostentan un interés público significativo.

Derecho procesal

Se trata del conjunto de normas jurídicas y reglamentos establecidos para la operatividad del Estado en tanto la ejecución, aseguramiento y limitación que vuelve posible la aplicación de un derecho.

De estas normas se desprenden la generación de agencias o dependencias públicas que buscan coadyuvar, promover o garantizar la viabilidad de una ley para la sociedad a la que pertenece el Estado.

Así mismo, delimita el comportamiento del estado a través de los órganos mencionados en tanto el conjunto le gobierna y señala la forma en la que ha de llevarse a cabo un juicio de carácter civil o penal.

Derecho agrario o rural

Esta legislación regula todo tipo de relación en las áreas rurales y la explotación agropecuaria, así como la producción, demanda y bienes pertenecientes a la agricultura.

Además, protege y considera a la producción de ganado y de toda la actividad agraria, brindando protección y derechos al campo, así como a los agricultores y sus cadenas de producción.

Ejemplos de derecho agrario 

Reformas agrarias, proteccionismo a las actividades del campo, la naturaleza, el equilibrio de cualquier actividad agraria con el medio ambiente, la propiedad de la tierra, explotación, cooperativa, autonomía de territorios, herramientas para el crecimiento y la competitividad del campo a nivel nacional e internacional.

Derecho público subjetivo

Se trata de un elemento teórico interpretativo y tiene como principal exponente al teórico alemán, Jellinek, que lo define como la potestad que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto se dirige a un bien o a un interés.

Se aplica especialmente para definir las facultades o atribuciones de las que es titular una persona para exigir el cumplimiento de una conducta ante alguna autoridad que sostiene dicho deber jurídico frente al titular del derecho.

En cierto ángulo, no se trata sino de la capacidad de todo particular administrado de asumir y esperar que cualquier órgano del Estado cumpla con su normatividad vigente y la ley en el marco del estado de derecho.

Pueden llegar a confundirse respecto a su definición semántica con las libertades públicas, los derechos fundamentales, constitucionales o humanos.

Jellinek localiza los derechos públicos subjetivos en una doble dimensión: por un lado, al corresponder al individuo en tanto es el destinatario y este mismo, al formar parte de la sociedad que genera el Estado, es parte del mismo, volviendo al Estado la fuente de los derechos subjetivos; por el otro, al instrumentar tales derechos subjetivos se emplea como vía el derecho objetivo.

Es decir que el derecho público subjetivo activa o pone en movimiento a las normas jurídicas bajo la persecución de un interés individual y presuponen una relación entre el individuo y el Estado.

Esta concepción, queda limitada en tanto no resultarán exigibles entre particulares y en la posteridad de la historia ha sido necesaria la intervención y enmienda de por ejemplo, los derechos constitucionales en latinoamérica e incluso el efecto de los derechos humanos, que resultan imprescriptibles e inalienables.

Para Cassetta, los derechos públicos subjetivos tienen como raíz la normatividad positiva de los derechos en el campo del derecho público y la relación jurídica “Hombre-Estado”, plasmados en el constitucionalismo clásico y por sí mismos, constituyen una versión positivista de los derechos naturales en un marco cultural antropocéntrico, es decir: a través de las situaciones creadas por el derecho objetivo.

Derecho público objetivo

Se trata del conjunto de leyes, normas y códigos establecidos por una nación con la finalidad de garantizar el cumplimiento del estado de derecho de sus ciudadanos y que parte del bien e interés público.

Es decir que tanto las constituciones como el resto de las ramificaciones del derecho público en tanto su estado como documento regente y dirigida a la relación entre las personas y el Estado pueden ser sintetizadas en este mismo concepto.

Ejemplos de derecho público en la vida cotidiana

• En las últimas décadas, los movimientos en protección y defensa de los derechos de las mujeres han señalado una enorme cantidad de desigualdades que atraviesan al género tanto en el ámbito público como en el privado (la diferencia de salarios, la presencia del acoso, el derecho al aborto) ante los que los órganos jurídicos de diversas naciones han comenzado a responder estableciendo marcos para garantizar sus derechos.

• Así mismo las reformas conferidas a la figura del matrimonio a nivel internacional con la finalidad de incluir relaciones entre ambos sexos, son cristalizaciones de logros legislativos, aprobados por órganos del Estado e inspirados en los cambios sociales.

• Fueron de materia histórica e internacional, las reformas que el Estado estableció en cuanto a la libertad de culto y las obligaciones de las agrupaciones relacionadas respecto al derecho a la educación y las normas tributarias.

• Las diversas regulaciones y acuerdos internacionales respecto a derechos humanos, relacionadas con los procesos penales y el cumplimiento de la ley sobre los individuos sin que tales derechos resulten omitidos.

• Es atribución del derecho público también, garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso a servicios públicos (agua, luz, alimentación, educación) y ambular dentro de la nación.

• Los derechos laborales, el aseguramiento de un salario suficiente para una vida digna y la definición de esta última son atribuciones conferidas al Estado que si bien alcanzan lo privado, se encuentran protegidos por normas públicas.

• Tras la perpetración de un delito, el derecho público interviene dentro de la materia garantizando tanto la aplicación de las sanciones correspondientes al mismo, como en la protección de la víctima y así mismo las disposiciones de carácter procesal y penal que surgen del mismo.

• Todo particular tiene el derecho de realizar una denuncia al haber sido víctima de un delito y a que en base a su denuncia se deslinden responsabilidades.

• Es también parte del derecho público la garantía de que los funcionarios y representantes de los poderes públicos se conduzcan con honestidad y en base a las leyes; todo incumplimiento, desde una informalidad hasta la comisión de un acto de corrupción (manifestada como peculado o el tráfico de influencias) puede y debe ser sancionada.

• Las reformas establecidas en base a la transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos respecto a las operaciones del Estado en cualquiera de sus ramas, dependencias o agencias se encuentra resguardada bajo el estado de derecho atribuible al derecho público.

• Toda normatividad aplicable a los impuestos y gastos establecidos por el estado para autorizar las actividades comerciales se encuentra dentro del ámbito.

• Informar en tiempo y forma a los ciudadanos sobre las funciones notariales (de donde se desprenden un amplio abanico de derechos y facilidades ofrecidas a particulares, tales como el testamento y otros) es parte de las obligaciones administrativas del estado.

El concepto de derecho público es el resultado del constante debate llevado a cabo tanto por especialistas como por funcionarios y usuarios de la materia y se encuentra supeditado a los documentos específicos que componen las legislaciones de toda nación.

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Derecho Público [Concepto, Características, Clasificación y Origen]
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